19/09/2024.- (abogacia.es) El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha reclamado hoy a los poderes públicos el mayor consenso legislativo posible para elaborar “normas en beneficio colectivo en las que nos reconozcamos todos”.

Durante su toma de posesión como consejero nato del Consejo de Estado, González Martín ha exhortado a “nuestras instituciones, nuestros ordenamientos y nuestras democracias a traer esperanza, consensos, proximidad y respuestas útiles e inteligentes para un mundo en cambio que no da tregua”.

“En un mundo global y de mercados ultra dependientes, resulta incuestionable que un sistema normativo robusto y de calidad, junto a una justicia que funciona, ágil, eficaz y predecible, es un activo cada vez más decisivo para el crecimiento económico, el emprendimiento y el estímulo de la actividad”, ha expuesto el presidente de la abogacía en su discurso tras aludir a la hipertrofia legislativa que vive nuestro país. Solo en 2023 los boletines oficiales de ámbito estatal y autonómico publicaron más de 1,2 millones de páginas.

El nuevo miembro del Consejo de Estado ha ligado en su intervención la calidad de las normas y sus efectos sobre el funcionamiento de la sociedad. “No se necesitan algoritmos complejos para resolver la ecuación: a mayor seguridad jurídica, más actividad y mayor capacidad competitiva, y con ello, mayor fortaleza y garantías de sostenibilidad del Estado del Bienestar”, ha expuesto Salvador González.

No han faltado en las palabras del presidente de la Abogacía las inmediatas urgencias de esta profesión para continuar desempeñando el papel esencial que la Constitución le otorga en la sociedad española.

Así, González se ha referido a la aprobación de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que en estos días arranca su trámite en el Senado; a la importancia de reforzar el secreto profesional; a la necesidad de renovar el sistema de asistencia jurídica gratuita y la dotación de los juzgados y tribunales; así como a la importancia de continuar una revolución tecnológica de la Justicia que esté al servicio de la eficacia que se persigue, pero no la condicione. Todas ellas con el objetivo de “reforzar el derecho de defensa, pues amplifican la calidad de nuestra democracia”.