04/04/2025.- (abogacia.es) El Consejo General de la Abogacía ha trasladado al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a las 12 comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia y al Poder Judicial su decálogo de medidas para que la nueva ley de Eficiencia cumpla lo antes posible con los objetivos establecidos en la propia normativa.

Así lo explicó hoy en rueda de prensa el presidente del Consejo, Salvador González, que intervino ayer en el marco de ellos encuentros previos a la Conferencia Sectorial de Justicia que se celebra hoy.

González explicó que la medida más inmediata debe ser la constitución de la comisión de calidad, prevista en la propia ley para observar estrechamente la evolución de la estadística judicial en los próximos meses, así como detectar cualquier problema que pueda surgir.

“Parece lógico que se constituya ya y empiece a trabajar en estos momentos tan críticos e importantes”, destacó González.

La Abogacía también reclama su presencia permanente en el Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica (CTEAJE), en el que se dirimen asuntos de enorme trascendencia en el día a día del proceso judicial.

Para que el aterrizaje de la nueva ley sea lo más tranquilo posible en los órganos judiciales, el Consejo también considera oportuno engrasar el diálogo institucional, así como promover una adecuada gestión del cambio.

En relación al requisito de procedibilidad de los medios adecuados de solución de controversias (MASC), la abogacía entiende como indispensable garantizar su acceso a todos, que se compense a los letrados intervinientes, el abono de todas las costas del proceso negociador y la plena confidencialidad de la actividad negociadora.

“Si las comunidades autónomas y el Ministerio creen en las bondades de la ley y de la actividad negociadora, la mejor manera de acreditarla es dotarla de recursos, pagar esa actividad, premiando la resolución de conflictos”, afirmó González.

“Es necesario que los operadores hagan una interpretación razonable y razonada del requisito de procedibilidad para que no se convierta en un freno, en una cortapisa al acceso a la justicia”, advirtió.

Por lo que se refiere a los tribunales de instancia, la abogacía recomienda comenzar a trabajar ya para anticiparse al proceso de implantación, simplificar sus trámites, digitalizar los procedimientos y participar del seguimiento.

El séptimo punto del decálogo, ya en el plano de la digitalización de los tribunales y los procedimientos, la abogacía entiende necesario que se garantice la fiabilidad de las aplicaciones y que, en los pocos casos e que se produzcan fallos, existan garantías para que el profesional pueda acceder a toda la información.

La urgencia del expediente electrónico y la interoperabilidad de los diferentes sistemas autonómicos también son objetivos imprescindibles para consumar con éxito el despliegue de la ley. El decálogo concluye con la afirmación de que se aborde el despliegue tecnológico como un medio de la Justicia y no un fin en sí mismo, de forma que la digitalización no sea una barrera de acceso a la Justicia y no debilite la protección de los derechos de la ciudadanía.

Consulta las Propuestas de la Abogacía para la implementación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia